Funcionarios de alcaldías de El Salvador son los más denunciados por faltas a la ética

Las denuncias contra funcionarios y servidores públicos son por conflictos de intereses, uso indebido de bienes del Estado, colocar a parientes en puestos de trabajo, valerse de su cargo para obtener beneficios privados, entre otras. De 2007 al 2014 la entidad ha procesado 88 denuncias, actualmente hay 121 casos activos y se han finalizado 851 procesos.

Transparencia Activa

El Salvador.- Unos 1,060 funcionarios del sector público han sido denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de 2007 hasta agosto de 2014, por violaciones a la Ley de Ética.

Las denuncias procesadas se archivan en 88 expedientes y los servidores públicos más denunciados son los de las alcaldías de La Libertad, Tamanique, Apaneca, Paraíso de Osorio y Antiguo Cuscatlán; le siguen personal del Tribunal Supremo Electoral y El Órgano Judicial.

Actualmente hay 121 casos activos y 851 procesos finalizados. El monto de las multas por comportamientos antiéticos asciende a $26,869.60.

Giovanna Vega, miembro propietario del pleno del Tribunal, dijo que no es usual que las personas denuncien a los funcionarios públicos por dádivas, ya que según ella hay un interés de por medio entre el ciudadano y el empleado público.

“Cuando analizamos esto de la ética normalmente la gente ve al funcionario de alto nivel, pero la conducta es exactamente la misma y muchos de los casos que nos vienen a denunciar son de funcionarios que tienen menor jerarquía en la administración pública, pero cuando nosotros analizamos el tipo de conducta es igual, cada cual actúa hasta donde le alcanza la mano”, explicó la funcionaria.

Entre las quejas o los avisos recibidos por el TEG están los retrasos en la prestación de servicios, la participación de un funcionario o empleado en asuntos sobre los que tiene conflicto de interés, colocación de parientes en puestos de trabajo, valerse del cargo para obtener beneficios privados utilización indebida de bienes del Estado, entre otras.

También se han establecido sanciones contra empleados de los Ministerios de Educación, Salud, Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, Medioambiente, entre otros.

“La mayoría de denuncias que nosotros tenemos es por retardar los trámites de los servicios públicos que los ciudadanos esperan. La otra es la utilización indebida del patrimonio y bienes del Estado, así como realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo. También, hemos recibido denuncias cuando un servidor público percibe dos salarios en el mismo Estado, cuando el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en ambas y en una se le paga por no hacer nada”, dijo Vega.

Además, el TEG, ha recibido quejas donde el funcionario público se aprovecha de su cargo y le encomienda a los empleados que realicen actividades ajenas a la institución, para beneficio personal.

La funcionaria considera que el Estado le debe apostar a la promoción de la cultura y los valores éticos dentro de las instituciones públicas. Añadió que el TEG ha capacitado a más de 300,000 servidores públicos para evitar comportamientos lesivos al funcionamiento institucional, tal como lo establece la ley.

“Antes era inusual que un funcionario público, ministro o presidente de una autónoma recibiera una capacitación sobre ética, pero esta ley obliga a las máximas autoridades a recibir una capacitación sobre ética pública y sobre la ley una vez al año. Antes era impensable tener a un funcionario sentado recibiendo una charla de este tipo”, señaló Vega.

Formas de denuncias

Los ciudadanos pueden hacer sus denuncias a través de una llamada telefónica, escribiendo un correo electrónico o tradicional sin necesidad que brinde sus datos o de oficio, esta última opción es cuando el Tribunal conoce del caso por una noticia difundida en un medio de comunicación.

Luego que el TEG registra la queja se inicia la investigación preliminar, en la que se considera si hay mérito para iniciar el procedimiento formal. Una vez que se haya agotado ese trámite se comienza el proceso administrativo sancionador y se le notifica al denunciado los hechos que se le imputan, además hay un periodo en el que las partes involucradas ofrecen pruebas y finalmente se da la resolución definitiva.

“Con la anterior ley, la sanción que se imponía era la amonestación escrita, pero con la nueva Ley de Ética Gubernamental hay un gran avance porque ahora la sanción es de tipo monetario que va de uno a 40 salarios mínimos del sector comercio, que son $224.21”, explicó Vega.

La funcionaria señaló que un porcentaje mínimo de los servidores públicos procesados por el TEG han cancelado las amonestaciones económicas, por lo que estos casos han sido remitidos a la Fiscalía General de la República.